Un vistazo a la accesibilidad en el Perú: compromisos internacionales y acciones nacionales
La accesibilidad es, entre otras cosas, una cuestión de derechos humanos que impacta en el bienestar y la calidad de vida de millones de personas. En el Perú se han logrado algunos avances significativos en esta área, respaldados por el compromiso a nivel internacional y algunas políticas nacionales. Este artículo menciona estos avances, así como los enormes desafíos existentes.
La convenciones internacionales y su importancia
La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad es un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1999 que entró en vigor en 2001. Hasta la fecha, 19 países han ratificado la Convención, entre ellos, el Perú.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006, entrando en vigor en 2008, y ratificado por 186 naciones, entre ellas, el Perú.
Medidas nacionales en Perú 🇵🇪
Marco legal
La Ley N.º 29973 establece el marco legal para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Perú.
Plan nacional de accesibilidad 2018-2023
Este plan tiene como objetivo asegurar el acceso a entornos físicos y digitales para las personas con discapacidad. Puedes encontrar más detalles en el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023.
Política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030
Este marco orienta al Estado en la eliminación de la discriminación estructural y promueve el desarrollo humano integral. Más información en Política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030.
Instituciones y registros
- CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el organismo público encargado de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad, que conmúnmente recibe muchas críticas por parte de la población a la que deberían represntar.
- RNPCD: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, un sistema de información para identificar y caracterizar a las personas con discapacidad en el país.
Investigaciones y datos
El Censo Nacional Especializado de Población con Discapacidad 2012 fue el primer censo especializado en el país para obtener información sobre las personas con discapacidad. A partir de dicho censo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también elaboró el documento titulado Perú: características de la población con discapacidad.
Crítica y desafíos
A pesar de los avances normativos e institucionales que ha logrado el Perú en materia de accesibilidad y discapacidad, aún persisten importantes brechas y desafíos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Según el Anuario Estadístico 2020 del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, hasta el año 2020 se habían registrado 379.738 personas con discapacidad, lo que representa solo el 22,7% de la población estimada por la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del 2012 (1.674.174 personas) y el 12,4% de la población estimada por los Censos Nacionales 2017 (3.074.000 personas). Esto evidencia un subregistro y una falta de actualización de la información sobre las personas con discapacidad en el país.
Asimismo, según la Defensoría del Pueblo, el 60% de las personas con discapacidad enfrenta dificultades para movilizarse por las calles, ingresar a establecimientos, viajar en bus o hasta ir a un parque por la falta de accesibilidad. Esto limita su participación social, su autonomía personal y su calidad de vida. Además, según Human Rights Watch, el Congreso peruano aprobó en marzo del 2021 un proyecto de ley que pone en riesgo algunos derechos de las personas con discapacidad, como el derecho a consentir al tratamiento de salud mental, sin haber consultado adecuadamente con las organizaciones representativas de este grupo.
Por otro lado, según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Perú ha realizado algunas reformas para promover la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad, pero aún debe mejorar la coordinación intersectorial e intergubernamental, la asignación presupuestal, la capacitación del personal y la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias.
Ante este panorama, se requiere que el Estado peruano asuma un compromiso firme y sostenido con la accesibilidad y la discapacidad, implementando y monitoreando las políticas públicas existentes, fortaleciendo el rol del CONADIS como ente rector, ampliando la cobertura del RNPCD, promoviendo la participación ciudadana y el control social, y estableciendo indicadores e instrumentos de evaluación. Asimismo, se requiere que la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional se sumen a los esfuerzos por eliminar las barreras que impiden el pleno desarrollo e integración de las personas con discapacidad en el Perú.
Conclusiones
La accesibilidad se manifiesta en múltiples dimensiones: es a la vez un principio ético, una obligación social y legal, y un derecho humano fundamental.
Desde el punto de vista ético, la accesibilidad adquirió prominencia en el contexto de los derechos de las personas con discapacidades, siendo codificada en el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se asocia estrechamente con el "diseño para todos", una filosofía que aboga por crear entornos y productos utilizables por todas las personas, sin exclusión. Este principio también abarca la idea de "ajustes razonables", que implica la modificación o adaptación de elementos para suprimir barreras, permitiendo así la participación total de personas con discapacidades. Por ejemplo, el diseño de rampas en edificios públicos representa un ajuste razonable.
Como obligación, la accesibilidad concierne tanto a las entidades gubernamentales como a la sociedad en su conjunto. Ambos actores tienen el deber de eliminar obstáculos que limitan el acceso universal a entornos, productos y servicios. Estas barreras pueden ser físicas, como un edificio sin rampas, o intangibles, como estigmas sociales o información inaccesible. La legislación establece normativas específicas para garantizar la eliminación de tales barreras.
Por último, la accesibilidad es un derecho fundamental, asegurando que todas las personas puedan acceder a los bienes y servicios de la sociedad en igualdad de condiciones. Este derecho está protegido por numerosos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la accesibilidad es intrínseco a la igualdad y la inclusión, constituyendo un pilar esencial para una sociedad justa y equitativa.
Así, la accesibilidad no es solamente una opción, sino un principio ético, una obligación legal y un derecho. Por ello, su implementación efectiva nos acerca a una sociedad más justa e inclusiva.